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Francisco Usón

Prisionero político y de conciencia

del gobierno de Venezuela desde el 22 de mayo de 2004

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El 22 de mayo de 2004, el Sr. Francisco Usón fue arrestado por la Guardia Nacional de Venezuela, por orden de la inteligencia militar del país.  Usón, un general jubilado del ejército venezolano, fue arrestado sin poder prestar fianza, para ser sometido a juicio, y fue formalmente acusado por un tribunal militar por calumniar a la Fuerza Armada de Venezuela. El 8 de octubre de 2004, se le sentenció a cinco años y medio de prisión.  La Human Rights Foundation-HRF, ha analizado documentos legales, informes de tribunales e informes públicos sobre el caso Usón y ha sostenido entrevistas exhaustivas con Usón, sus abogados, miembros de su familia y médicos. Las violaciones a los derechos humanos de Usón son numerosas e irrebatibles, en este sentido hubo además  dos intentos de acabar con la vida de Usón mientras estaba bajo custodia militar.

Los cargos presentados contra Usón surgen con ocasión de su aparición en un programa televisivo, que salió transmitido en vivo el 16 de abril de 2004.  La anfitriona del programa fue la periodista Marta Colomina, también estuvo invitada Patricia Poleo, quien ejerce periodismo investigativo. Desde entonces Poleo ha sido acusada de asesinato por el gobierno venezolano y su caso está actualmente siendo investigado por la HRF.  El 15 de abril de 2004, la Sra. Poleo publicó un artículo sobre los hechos que tuvieron lugar en la base militar Fuerte Mara, donde en una celda de castigo un incendio quemó a ocho soldados el 30 de marzo de 2004. Dos de esos soldados murieron posteriormente (Véase: Caso Fuerte Mara).

El artículo de la Sra. Poleo acerca de Fuerte Mara sostenía que el incendio había sido causado por un lanzallamas.  Durante la entrevista, cuando se le preguntó a Usón si tenía algún comentario al respecto, explicó que él era ingeniero militar y respondió a preguntas de orden técnico sobre la operación del lanzallamas. Su respuesta fue, que esa arma había sido creada en la Segunda Guerra Mundial y que usaba una mezcla de napalm y gasolina para operar. Usón dijo que la mezcla de gasolina y napalm se debe preparar en el momento en que se va a usar el lanzallamas y explicó que esta preparación previa podría indicar premeditación en el caso de Fuerte Mara, luego procedió a afirmar: “esto sería sumamente grave, de comprobarse que fuera cierto”.    

El 10 de mayo de 2004, el Ministro de la Defensa de Venezuela, General José García-Carneiro, giró instrucciones al fiscal militar de preparar las acusaciones para abrirle un juicio militar a Usón.  Se libró su orden de arresto y dos días más tarde quedó detenido.  El juicio de un civil por tribunales militares es una violación de los derechos humanos, de conformidad con la legislación venezolana interna y con los tratados internacionales de los cuales Venezuela es signataria.  Más aún, la intromisión del poder ejecutivo en asuntos judiciales, representa una violación al principio de separación de los poderes públicos, fundamento de toda democracia, así como al debido proceso como garantía del derecho a la defensa.  El hecho de que Usón fuera acusado por dar sus opiniones, es una violación de la libertad de expresión.

El juicio que tuvo lugar no fue normal. Después de haber sido detenido por la inteligencia militar, Usón fue llevado a un tribunal militar para recibir su acusación formal.  Alfredo Hernández, el juez militar que presidiría el juicio y que inicialmente había aprobado las acusaciones, revisó las evidencias y no compartía la opinión de que Usón fuese juzgado.  El Juez Hernández le dijo al fiscal general que él no llevaría el caso. Como consecuencia de esto, fue trasladado a otro tribunal militar y el Juez Hernández fue destituido.

Durante el juicio de Usón, el fiscal acusador se centró en relacionar el caso de Usón con los hechos del Fuerte Mara, intentando demostrar que Usón dijo que se había usado un lanzallamas. La defensa se centró en demostrar que Usón nunca había dicho que se había usado un lanzallamas, sino que su respuesta había sido “´si` se hubiera usado un lanzallamas, sería un asunto muy delicado”.

La HRF considera la formación profesional y la carrera de Usón, como aspectos que explican de alguna manera por qué Usón está actualmente en prisión. Francisco Usón ocupó varios cargos en el gobierno venezolano, entre ellos, fue director del departamento de administración y presupuesto y se desempeñó también como miembro del gabinete presidencial en su condición de Ministro de Hacienda hasta el 17 de abril de 2002.  El 11 de abril presentó su renuncia por estar en desacuerdo con la decisión del Presidente Hugo Chávez de activar el Plan Ávila, un plan militar de contingencia del Ejército, cuya misión era restaurar el orden, confrontando a la población civil que manifestaba en los alrededores del palacio militar en Caracas. Después de su renuncia, se reincorporó a sus deberes como general de brigada en las Fuerzas Armadas.  Luego de algunos meses, escribió una carta al Ministro de Defensa criticando el excesivo uso de la fuerza militar en contra de los civiles que manifestaban, por no estar de acuerdo con algunas actividades llevadas a cabo por el gobierno en el Estado Carabobo. El 30 de mayo de 2003, Usón fue forzado a jubilarse del ejército por órdenes de un Consejo Militar, que violaba sus propios procedimientos al ordenar el retiro de Usón.  Desde entonces, el Sr. Usón comenzó a participar decididamente en la vida pública.

Francisco Usón se encuentra actualmente cumpliendo su sentencia en la prisión militar de Ramo Verde. Sus abogados han agotado todas las instancias de apelación del sistema judicial venezolano y están ahora utilizando los recursos jurídicos internacionales en defensa del caso.  La Human Rights Foundation ha determinado que el arresto, el juicio, la sentencia y la prisión de Usón, representan violaciones de los derechos humanos, en particular: del derecho a no ser objeto de una detención arbitraria, del derecho a la libertad de expresión y del derecho a un tratamiento equitativo de acuerdo con el debido proceso, todo de conformidad con la legislación del país.  A la HRF también le preocupa la vida de Usón. Mientras estaba hospitalizado en un Hospital Militar, tuvieron lugar dos incidentes en los que se le inyectó una dosis letal de un medicamento que casi lo deja sin vida.

 


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