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Caso Fuerte Mara

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El 30 de marzo de 2004, entre la 1:00 a.m. y 1:35 a.m., se desató un incendio en una celda de castigo del Fuerte Mara (La Guajira, Estado  Zulia, Venezuela) en el que resultaron quemados ocho soldados del Batallón de Ingenieros de Combate 105 (“Tropa Carlos Soublette”). La HRF ha considerado que los soldados fueron encarcelados por razones disciplinarias, sin que hubiese previamente un procedimiento administrativo, y que la celda de castigo se usó contraviniendo la legislación venezolana.  La HRF no pudo determinar cómo se inició el incendio.  La HRF cree que estuvo seguido de un encubrimiento deliberado que llevó a investigaciones retrasadas, pérdida de evidencias y al hostigamiento de las víctimas, sus familiares y testigos.  La HRF ha hecho exhaustivas entrevistas a los abogados y a miembros de las familias de los agraviados. Además, ha obtenido y analizado documentos jurídicos, resultados forenses, expedientes de tribunales, así como cientos de artículos periodísticos acerca del caso Fuerte Mara. Las evidencias indican sin error alguno,  violación de derechos humanos.  Específicamente del derecho al debido proceso y del derecho a no ser objeto de arrestos arbitrarios, de conformidad con la legislación nacional e internacional aplicable.  Además, en el supuesto de que el incendio hubiese sido causado intencionalmente desde fuera de la celda de castigo, también se configuraría una violación del derecho a estar libre de tortura y del derecho a la vida.

Todos los soldados sufrieron quemaduras de distintos grados.  Tres de las víctimas estuvieron en condiciones críticas, entre ellos, Orlando Bustamante, de 21 años de edad, quien falleció el 4 de abril de 2004.  Ese día a primera hora de la mañana, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, había declarado que todo había sido un accidente y que los soldados habían sufrido heridas menores. La crisis política originada con ocasión de la muerte de Bustamante fue significativa y  produjo una creciente atención sobre lo que había ocurrido en el Fuerte Mara. El Presidente Chávez, haciendo alarde de  la importancia de las relaciones públicas y la crisis moral del 11 de abril de 2004, transmitió su alocución semanal de varias horas de duración desde el Fuerte Mara. 

A pesar de mostrar indicios de mejoría física después del incidente, Ángel Pedreáñez, de 20 años, fallecía cinco semanas más tarde, el 4 de mayo de 2004, en circunstancias sospechosas, antes de que llegara a dar su testimonio ante un juez militar de lo ocurrido en Fuerte Mara. Fuentes oficiales atribuyeron su muerte a tres causas diferentes. Con el desconocimiento de los investigadores del gobierno, el abogado de la familia Pedreáñez había grabado en un cassette la voz del soldado la noche anterior a su fallecimiento, diciendo que alguien con un “tubo que echaba llamas” se había presentado en la puerta de la celda.  Un periodista, citando a un testigo presencial, escribió que los soldados habrían sido quemados con un soplete o un lanzallamas.

No se ha llegado a una investigación formal del caso.  Por el contrario, el mismo permanece paralizado, con diferentes funcionarios gubernamentales pasándose la responsabilidad entre autoridades civiles y militares,  judiciales y legislativas. Mientras tanto, el gobierno venezolano y algunos de sus críticos, han jugado a la política con el caso,  usándolo como una oportunidad para exhibir en vitrina la corrupción del otro. En estos momentos, las distintas investigaciones del caso (y las subsiguientes acusaciones en lo que respecta a la muerte sospechosa de Ángel Pedreáñez) se han rezagado durante dos años y ocho meses sin conclusión alguna.

Los miembros de la familia y algunos abogados en materia de derechos humanos que conversaron con el soldado hoy difunto, han declarado que los soldados habían sido testigos de la transferencia de armas hecha por unidades del ejército venezolano  a miembros de las FARC, organización terrorista que opera en el área de Maracaibo y que,  el motivo de lo sucedido la noche del 30 de marzo era intimidar a los soldados para que guardaran silencio.

El gobierno ha negado todo esto y ha dado a su vez tres explicaciones diferentes de la causa del incendio: 1) gas metano acumulado en el tanque séptico cerca de un baño; 2) cigarrillos encendidos que accidentalmente quemaron los colchones de la celda;  3) los soldados deliberadamente produjeron el incendio para llamar la atención.  La hipótesis actualmente sostenida por el gobierno venezolano es que el incendio fue originado deliberadamente por el soldado fallecido (Pedreáñez, quien fue grabado por su abogado acusando un ataque desde el exterior de la celda) para causar conmoción y tal vez reducir su tiempo en la celda de castigo.

Las acusaciones preliminares del despacho del fiscal general de la república se han hecho en contra de dos de los soldados supervivientes, Alcides Martínez y Abraham Mena. Ellos están acusados de homicidio involuntario e injurias agravadas por desatar el incendio. Jesús Barroso, vigilante privado que no estuvo en la celda al momento del incidente, también ha sido acusado por dar declaraciones falsas del caso (el Sr. Barroso ha sostenido que los soldados en la celda de castigo habían sido cubiertos con gasolina y luego incendiados -después dijo haber inventado esta excusa bajo coacción). Tres médicos fueron acusados de homicidio involuntario por mala praxis en el caso de los Sres. Pedreáñez y Bustamante.

El único convicto del caso Fuerte Mara es un general de brigada del ejército, Francisco Usón. El Sr. Usón no tiene ninguna conexión con el mismo, excepto por sus declaraciones en un programa de opinión que fue televisado, en el que manifestaba que los informes preliminares parecían indicar que probablemente se había usado un lanzallamas, y que de ser así, sería algo sumamente grave.  El Sr. Usón, ex-Ministro del gabinete del gobierno de Chávez, había renunciado y comenzaba a ser miembro activo de la oposición. Fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión por “insultar y calumniar” a la fuerza armada de Venezuela con sus opiniones acerca del caso Fuerte Mara en el programa de TV. Actualmente es un prisionero político y prisionero de conciencia del gobierno venezolano (para mayor información al respecto, véase: Caso Francisco Usón).

La HRF está preocupada por la desaparición del cúmulo de evidencias acerca del caso Fuerte Mara. A tal efecto parece haber sido robado el expediente, cuestión que no ha sido aclarada por el gobierno.  Además, no se llevaron a cabo ciertos exámenes médicos en la piel del fallecido, los cuales podrían haber determinado si se usó o no una sustancia química (como gasolina o napalm, propias en un lanzallamas).  Estos exámenes podrían haber  arrojado pruebas concluyentes de la hipótesis del gobierno; o por el contrario, haber demostrado que los fallecidos fueron quemados con un lanzallamas o un soplete. La HRF no pudo determinar por qué fueron quemados los ocho soldados del Fuerte Mara. No obstante, nuestra narrativa y nuestro análisis, representan un decidido intento de depuración de las múltiples versiones conflictivas en busca de la verdad. Esta narrativa plantea numerosas interrogantes acerca del caso, y expone los errores de ejecución u omisión durante la investigación de los acontecimientos llevada a cabo por el gobierno.  Después del caso Fuerte Mara, se produjo una situación notoriamente similar en el Batallón de Reserva No.742 del Estado  Sucre - Cumaná, Venezuela, donde dos soldados murieron quemados en una celda de castigo en marzo de 2005.  Originalmente, el gobierno declaró que se trató de un incendio accidental, pero cambió su posición y ha declarado culpable de homicidio a un soldado de tropa.  Las familias de los fallecidos insisten en que el soldado declarado culpable estaba siguiendo órdenes de un oficial superior, quién recibió una sentencia de cárcel de cinco días por dar la orden de castigo (este caso está pendiente en las investigaciones de la HRF).

En la muerte de Pedreáñez existen evidencias que muestran un camino oscuro, lleno de dudas y sin informes médicos independientes.  La HRF considera que el caso del Fuerte Mara merece una investigación exhaustiva y objetiva por parte de las autoridades correspondientes.


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