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Venezuela: HRF pide la liberación de la jueza María Lourdes Afiuni, y publica informe de derecho internacional sobre su caso

Nueva York (4 de mayo de 2012) – Human Rights Foundation (HRF) ratificó hoy a la jueza María Lourdes Afiuni como prisionera de conciencia del gobierno del presidente Hugo Chávez, publicó un informe de derecho internacional sobre su caso y pidió al gobierno de Venezuela su inmediata liberación. El 10 diciembre de 2009, la jueza Afiuni (48) fue encarcelada horas después de haber dictado una medida cautelar de acuerdo al Código Procesal Penal venezolano y en aplicación de una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. El caso Afiuni es parte de la campaña de HRF denominada “Caracas Nine”. El informe de HRF concluye que el Estado de Venezuela violó diversas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos con sus acciones en contra de Afiuni.

“En marzo de 2007, el presidente Chávez ya había afirmado públicamente que ‘ningún juez podía estar y actuar a espaldas de la revolución y el líder de la misma’. Con el arresto de la jueza Afiuni, el mensaje del gobierno venezolano fue claro: el juez que actúe ‘a espaldas’ de Hugo Chávez tiene pena de cárcel”, expresó Thor Halvorssen, presidente de HRF. “El caso de la jueza Afiuni constituye el mayor exponente del control absoluto que Hugo Chávez ejerce sobre el poder judicial de su país. El arresto de la jueza Afiuni sentó un precedente sombrío en la historia de América Latina, pero la valentía con la que viene afrontando su proceso también ha servido para sentar un precedente de esperanza”, afirmó Halvorssen.

Tan solo horas después de la detención de Afiuni en su despacho, a cargo de una decena de agentes de inteligencia venezolanos, el presidente Chávez apareció en “cadena” obligatoria por todos los canales de televisión del país y tildó a Afiuni de “bandida”. Seguidamente, Chávez instruyó públicamente a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, y a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, a mantenerla “en la cárcel”, y pidió que se la castigue con la “pena máxima: 30 años de prisión”.

La declaratoria de prisionera de conciencia por parte de HRF fue acompañada por la publicación de un informe jurídico en el cual se concluye que Afiuni fue detenida, encarcelada y juzgada exclusivamente por haber dictado una medida judicial que molestó al poder ejecutivo en Venezuela. En atención a su delicado estado de salud y luego de permanecer por más de un año encarcelada en un centro penitenciario para mujeres (INOF), María Lourdes Afiuni fue puesta bajo detención domiciliaria y continúa suspendida indefinidamente de su cargo como jueza. En protesta por el carácter ilegal y arbitrario de su encarcelamiento, la jueza Afiuni se ha acogido a la “desobediencia civil” y se ha negado en reiteradas ocasiones a comparecer a las audiencias del juicio en su contra.

Según el informe de HRF, la suspensión de María Lourdes Afiuni fue el resultado de una resolución arbitraria de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, sin notificación, audiencia o proceso disciplinario o administrativo previo contra ella. Durante su reclusión en el INOF, la jueza Afiuni sufrió amenazas de muerte, intentos de asesinato y acoso por otras internas, circunstancias que se agravaron por la falta de un sistema de separación de internas condenadas y no condenadas. Así mismo, en el tiempo que estuvo detenida, la jueza Afiuni padeció diversas complicaciones de salud que no fueron atendidas con la debida diligencia por las autoridades venezolanas.

El informe de HRF también concluye que con estas acciones, el Estado de Venezuela violó diversas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos. En particular, Venezuela violó (1) el derecho a la libertad personal de Afiuni; (2) su derecho al debido proceso legal; (3) el derecho a recibir un trato digno de toda persona privada de libertad, incluyendo la obligación de separación de las personas condenadas de las personas procesadas; y (4) la garantía de estabilidad e inamovilidad de jueces y magistrados.

“El caso de María Lourdes Afiuni puso el broche de oro al paquete de control progresivo del aparato judicial que desde 2004 implementó el presidente Chávez con el copamiento del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela”, dijo Javier El-Hage, director jurídico de HRF. “A la luz de las recientes revelaciones de un ex magistrado del TSJ, en los próximos días HRF publicará un informe que detalla el proceso de abolición de la independencia del poder judicial venezolano y denuncia el estado de sumisión absoluta en el que se encuentra la justicia de ese país”, concluyó El-Hage.

Cinco días después de la detención de Afiuni, el presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU, emitieron un comunicado conjunto en el cual exigieron la “libertad inmediata e incondicional” de Afiuni. Según el comunicado, “las represalias por ejercer funciones constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor en el Poder Judicial y en los abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el estado de derecho y obstruir la justicia”.

El caso de María Lourdes Afiuni es el octavo que HRF ha documentado a través de su proyecto Caracas Nine (www.CaracasNine.com), el cual tiene como finalidad dar a conocer al mundo los casos de personas que son víctimas de acoso, persecución judicial o encarcelamiento por expresar opiniones críticas o ejercer sus derechos humanos contra la voluntad del gobierno venezolano.

HRF es una organización internacional, apolítica, dedicada a defender los derechos humanos en el continente americano. La Fundación centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión, de asociación con personas de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. HRF no justifica ni aboga por la violencia. El Consejo Internacional de HRF ha estado históricamente constituido por individuos que fueron presos de conciencia, tales como Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Václav Havel [fallecido], Mutabar Tadjibaeva, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel, y Harry Wu.

Contacto: Pedro Pizano - Human Rights Foundation, (212) 246.8486, pedro@thehrf.org


  • Lea el resumen del caso de María Lourdes Afiuni aquí.
  • Lea el informe completo aquí.

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