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¡Insulza punto no!

HRF OPINIÓN (26 de marzo de 2010) - Anteayer, la organización intergubernamental más poderosa de América, la Organización de Estados Americanos (OEA), reeligió al político chileno, José Miguel Insulza, como su secretario general. Después de cinco años de ineficacia e incoherencia en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, la reelección de Insulza dañará la iniciativa regional más importante de la última década.

La Carta Democrática Interamericana fue aprobada en 2001 para prevenir y sancionar la erosión de la democracia llevada a cabo por líderes democráticamente electos. La Carta Democrática Interamericana fue elaborada por los 34 Estados miembros de la OEA bajo el auspicio del gobierno peruano, tras padecer el régimen antidemocrático de Alberto Fujimori. Una vez electo, Fujimori empezó a erosionar la democracia peruana. Cerró el Congreso, eliminó la independencia del Poder Judicial, persiguió a opositores políticos, censuró a medios de comunicación y corrompió el órgano electoral. Ya para el año 2001, los golpes de Estado militares eran considerados una práctica del pasado, y era el autoritarismo de mandatarios electos como Fujimori lo que se percibía como el desafío más grande a la democracia en América.

Por primera vez en la historia mundial, un documento jurídico internacional finalmente enumeraba todos los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la democracia: derechos y libertades fundamentales, libertad de expresión y de prensa, Estado de derecho, separación de poderes, independencia del Poder Judicial, elecciones libres y justas, y un régimen plural de partidos. La Carta Democrática establece la llamada “cláusula democrática”, que permite a la OEA actuar ante las “amenazas”, “alteraciones” y “rupturas” de la democracia causadas tanto por líderes electos como por líderes no electos. Sin embargo, suponiendo que los Estados miembros tendrían un conflicto de interés en facilitar la acción de la OEA contra ellos mismos, se dio al Secretario General la facultad de condenar a los gobiernos antidemocráticos por propia iniciativa y de convocar a una votación del Consejo Permanente y de la Asamblea General que podría llevar a suspender a dichos gobiernos.

Si este estándar establecido en la Carta Democrática Interamericana en el 2001 hubiera estado vigente desde la creación de la OEA, Batista, Pinochet, Banzer, Videla, Stroessner, Noriega y Cedras no habrían tenido el privilegio de pertenecer a la OEA. Lo mismo habría ocurrido con Trujillo, Somoza, Perón, Castro, Torres, Velasco, Torrijo, Allende, Ortega, Aristide y Fujimori.

El ex Secretario General de la OEA, Cesar Gaviria, incumplió su obligación de activar la cláusula democrática contra Hugo Chávez en 2001. Si Gaviria hubiera intervenido frente a las tempranas acciones antidemocráticas de Chávez, probablemente habría evitado las circunstancias que condujeron al golpe de Estado en 2002. La cláusula democrática fue activada, con justa razón, ante aquel golpe de Estado. Sin embargo, fue una medida insuficiente y muy tardía. En los años siguientes, Gaviria omitió enfrentar a Chávez cuando éste tomó todos los instrumentos del poder estatal y los dirigió contra la oposición venezolana y los medios de comunicación independientes.

Este era el contexto con el que se encontraba Insulza cuando fue electo Secretario General en 2005. Su obligación era recomponer la postura de la OEA frente a la erosión de la democracia. Lamentablemente, como en épocas pasadas, Insulza no activó la cláusula democrática contra Venezuela y presenció, de brazos cruzados, la erosión de la democracia en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. En 2009, Insulza activó la cláusula democrática contra Honduras. Esta vez, la acción del Secretario General violó sus obligaciones bajo el derecho internacional de la democracia.

En un aparente intento de extender su permanencia en el cargo, el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya utilizó la estratagema de reformar la Constitución de su país a través de un referéndum que tenía el objetivo de elegir a una “Asamblea Constituyente”. En lugar de “referéndum”, la votación se denominaría “encuesta de opinión” a fin de evitar cualquier tipo de control judicial en Honduras que prohíba específicamente esta acción fraudulenta.

En vez de disuadirlo de la realización de su plan, Insulza felicitó a Zelaya y le envió una “Misión de Acompañamiento” (no existe una definición legal, institucional, o siquiera informal de este término en la historia de la OEA), integrada por los mismos funcionarios de alto nivel de la OEA cuyo trabajo consiste en observar elecciones en todo el continente. El señor Raúl Alconada, representante de Insulza, se presentó entonces junto a la Canciller de Honduras a explicar, ante una nación incrédula, que la OEA sólo estaba “acompañando un acto político como hemos hecho en infinidad de veces en infinidad de países”. Esto provocó que el Congreso de Honduras, en fecha 23 de junio, exprese su “profunda indignación” y solicite a la OEA el “retiro inmediato” de su misión.

El 28 de junio, después de que los militares habían expulsado a Zelaya a punta de pistola pero antes de que el Congreso se reúna, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (quién se encontraba reunido con el presidente del Congreso y con el presidente del Tribunal Supremo Electoral) llamó a Insulza, por teléfono, para comunicarle que estaba “examinando” la manera de restaurar el orden constitucional. Esta era la oportunidad para que Insulza se reivindicase. Insulza, sin necesidad de justificar o condonar la expulsión de Zelaya, debería haber reconocido las repetidas acciones antidemocráticas de Zelaya y ofrecido sus buenos oficios para obtener el mayor apoyo de la comunidad internacional a la Corte Suprema, con la finalidad de que (1) declare nulo e inconstitucional el golpe de Estado; y (2) que cualquier proceso penal contra el presidente Zelaya, y su eventual suspensión o separación del cargo como resultado de un juicio presidencial, se lleve a cabo de acuerdo con la Constitución de Honduras y con el apoyo de la comunidad internacional.

Pero no fue así, Insulza eludió el tema de la erosión de la democracia a cargo de Zelaya. Dos días más tarde, la Corte Suprema validó el golpe de Estado. Así, después de contribuir a la erosión de la democracia que derivó en un golpe de Estado, Insulza actuó de peor manera al aislar a la única institución capaz de revertir el golpe de Estado. La OEA actuó correctamente al suspender a Honduras de su derecho de participación en el organismo (nuestra organización fue la primera organización de derechos humanos en solicitar a la OEA la suspensión de Honduras), pero la OEA actuó incorrectamente debido a que no evaluó la situación de manera integral, ni realizó acciones dirigidas al restablecimiento de la democracia. El nuevo gobierno de facto restringió la libertad de prensa y reprimió violentamente las protestas públicas que exigían el retorno de Zelaya a su cargo. Sin embargo, el gobierno de facto no modificó el calendario electoral en el cual estaban previstas las elecciones generales para noviembre de 2009. En vez de contribuir a un rápido retorno de la democracia al apoyar y observar las elecciones generales, Insulza insistió en un callejón sin salida: Zelaya o nada.

Careciendo de los instrumentos y disposiciones legales específicas de la Carta Democrática Interamericana de 2001, una OEA todavía muy débil logró condenar, entre 1948 y 1990, a los gobiernos antidemocráticos de Trujillo (1960), Castro (1962), Somoza (1979) y Noriega (1989). Asimismo, de acuerdo a una resolución importantísima de 2001, la OEA logró actuar, aunque sea tímidamente, en contra de Cedras (1994) y Fujimori (1999). Sin embargo, desde el año 2005, bajo los estándares de la Carta Democrática Interamericana de 2001, las acciones de Insulza han añadido mala fe a las ya ineficientes acciones de Gaviria en relación a la temprana erosión de la democracia en Venezuela. Insulza ha incumplido sus funciones al no actuar correctamente frente a la erosión de la democracia a cargo de los presidentes de Bolivia, Ecuador, Honduras y Nicaragua. A esto hay que agregar que Insulza, personalmente, hizo campaña a favor de Cuba y consiguió el perdón de la organización para el único país en el continente americano que en la actualidad está gobernado por un régimen enteramente dictatorial.

En medio de la desazón popular que ve a la OEA como una institución inútil al servicio de los políticos latinoamericanos, Insulza sólo necesita mirarse en el espejo para ver quién es el culpable. Su reelección fue una burla.

Thor Halvorssen es el Presidente y Javier El-Hage es el Director Legal de la Human Rights Foundation (HRF) con sede en la ciudad de Nueva York.

Contacto: info@thehrf.org

Para ver la carta pública de la HRF dirigida a Insulza, ingrese al sitio web: www.insulza.no.

Para ver el informe “Los hechos y el derecho detrás de la crisis democrática de Honduras, 2009”, haga click aquí.


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