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Venezuela: HRF pide salida pacífica a crisis post-electoral y condena anuncios de persecución judicial contra líderes de la oposición; pide a la OEA propiciar el diálogo

NUEVA YORK (18 de abril de 2013) – Human Rights Foundation (HRF) exhorta tanto a los líderes del oficialismo como de la oposición en Venezuela a solucionar la crisis política post-electoral en el país a través del diálogo y por la vía pacífica. En esa medida, HRF condena la agresión física en la Asamblea Nacional a los diputados de la oposición Julio Borges y William Dávila, así como las declaraciones del proclamado presidente electo Nicolás Maduro, de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, en las que han prejuzgado públicamente a los principales líderes de la oposición, incluyendo al propio Henrique Capriles, como responsables por los hechos de vandalismo y violencia política producidos el lunes por la noche.

“No basta con que gobierno y oposición pronuncien la palabra paz hasta el cansancio, sino que ambas partes deben abstenerse de realizar discursos incendiarios y más bien tender puentes de diálogo para lograr una salida pacífica a la presente crisis”, dijo Garry Kasparov, presidente del Consejo Internacional de HRF. “Creemos que la auditoría y recuento del 100% de los votos es una demanda legítima del candidato opositor dado el estrechísimo margen de su derrota y las condiciones de ventajismo oficialista bajo el que se han realizado todas las elecciones desde que el partido del fallecido presidente Hugo Chávez comenzó a gobernar Venezuela. Corresponde al CNE y al gobierno del PSUV que lo controla propiciar un diálogo honesto y pacífico sobre las posibilidades técnicas de este recuento, en favor de la armonía y la paz del pueblo venezolano”, concluyó Kasparov.

En su discurso del domingo por la noche, el candidato oficialista Nicolás Maduro, que fuera declarado ganador con un margen de diferencia de 1.83% de los votos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), expresó su beneplácito en que se realizase una auditoría o revisión del 100% de los votos para despejar cualquier duda sobre la transparencia del proceso. Al día siguiente, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, evitó referirse al tema y proclamó a Maduro como presidente electo.

En respuesta, el candidato opositor Henrique Capriles llamó a Nicolás Maduro “ilegítimo”, convocó a un cacerolazo para la noche del lunes y presentó a la opinión pública más de mil incidencias electorales que, anunció, serían presentadas legalmente ante el CNE en Caracas. Según la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el procesamiento de estas incidencias podría llevar a la anulación o repetición del voto en cientos de centros electorales del país, pudiendo afectar así el resultado final de la elección que dio por ganador al candidato oficialista por sólo 272.000 votos, de casi 15 millones de votos válidos. Al mismo tiempo, Capriles convocó a concentraciones pacíficas a las afueras de todas las oficinas del CNE en la nación para el día martes y a una marcha desde su comando de campaña hasta la sede central de CNE para la entrega de las incidencias.

Ante el acaecimiento de hechos de vandalismo y violencia política en distintos estados de Venezuela el lunes por la noche, los cuales según la fiscalía habrían producido 7 muertos y 61 heridos, Maduro acusó a los líderes de la oposición de ser responsables por estas víctimas, anunció “mano dura” frente al “fascismo” y el “golpismo”, y declaró que la marcha convocada el día miércoles por Capriles quedaba prohibida. Ante los mismos hechos de violencia, Capriles desvirtuó cualquier responsabilidad de los líderes de la Mesa de la Unidad, pidió que caiga “todo el peso de la justicia” sobre los individuos que hubiesen producido actos de vandalismo o violencia, pidió a todos sus partidarios retirarse de las calles para evitar la violencia a cargo de “infiltrados del gobierno” y suspendió la concentración convocada para el día miércoles con el mismo fin. El día de ayer, Maduro afirmó que el CNE ya había realizado la auditoría del 54% de los votos y que su gobierno acataría la decisión del CNE frente al pedido de la oposición.

“Si bien oficialistas y opositores comparten la responsabilidad de propiciar la salida pacífica a esta crisis, esta responsabilidad recae mucho más en Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los principales dirigentes del PSUV, ya que estos controlan todas las instituciones gubernamentales: desde la policía y las fuerzas armadas, hasta la asamblea nacional, la fiscalía, el tribunal supremo y el propio consejo electoral”, afirmó Thor Halvorssen, presidente de HRF. “Sin embargo, en vez de propiciar una solución pacífica de una legítima demanda ciudadana, el PSUV avaló la agresión física de diputados opositores en plena Asamblea Nacional y parece haber echado a andar toda su maquinaria judicial para reprimir las demandas legítimas de la oposición”, concluyó Halvorssen.

El lunes por la noche, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, afirmó a través de Twitter: “Capriles fascista, me encargaré personalmente de que pagues por todo el daño que le estás haciendo a nuestra patria y a nuestro pueblo.” El martes, Maduro se dirigió a Capriles a través de una cadena gubernamental obligatoria: “Tienes que verle la cara a la justicia más temprano que tarde.” El mismo martes, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que debido a que “el pueblo no favoreció” a Capriles como candidato, entonces el decidió “atentar contra el pueblo venezolano”.

Finalmente, ayer miércoles, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, prejuzgó que a través de la “presunta instigación a que se haga un conteo manual” de votos, los líderes de la oposición “indudablemente” estaban “incitando a que se comience una lucha de calle sin fin”, por lo que “hay que establecer responsabilidades por un hecho cierto: venezolanas y venezolanos han sido vulnerados físicamente, heridos, y otros venezolanas y venezolanos han muerto”.

Por su parte, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, expresó el lunes su respaldo a la “iniciativa formulada por representantes del gobierno y oposición, sobre la necesidad de realizar una auditoría y un recuento completo de la votación”. Y el martes, reiteró un “ferviente llamado al diálogo, mecanismo esencial para asegurar la gobernabilidad de cualquier país, en un marco de concordia y con pleno respeto al pluralismo”.

“HRF aplaude las declaraciones del secretario general Insulza en favor del diálogo plural en Venezuela, y le pide realizar todas las gestiones diplomáticas a su disposición para propiciar este diálogo bajo los principios de la Carta Democrática Interamericana”, afirmó Halvorssen.

HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial. HRF centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión y de asociación con personas de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener, asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura, y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. El trabajo de HRF se funda en el principio de la no violencia. El Consejo Internacional de HRF está presidido por el activista por la democracia ruso Garry Kasparov y se encuentra conformado por individuos que fueron prisioneros de conciencia, tales como George Ayittey, Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Václav Havel [fallecido], Mutabar Tadjibaeva, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel y Harry Wu.


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