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Venezuela: HRF pide a las autoridades venezolanas la liberación de la jueza María Lourdes Afiuni

NUEVA YORK (17 de enero de 2013) - Human Rights Foundation (HRF) pidió a las autoridades venezolanas la inmediata liberación de la jueza María Lourdes Afiuni, porque su encarcelamiento y arresto domiciliario han superado el máximo legal de tres años, establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano (COPP). HRF también publicó un detallado informe de derecho internacional que concluye que Venezuela violó los artículos 9, 10, 12, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Afiuni es la personificación de una prisionera de conciencia. El caso de la jueza Afiuni es tan claro que se ha convertido en el mejor exponente de la naturaleza despótica del régimen chavista”, dijo el presidente de HRF, Thor Halvorssen. “Invocando su derecho a la desobediencia civil reconocido en la Constitución venezolana, la jueza Afiuni ha soportado años de abuso por parte de un servil Tribunal Supremo de Justicia y decenas de jueces que temen que algo similar les ocurra si se atrevieran a dejarla ir”, dijo Halvorssen.

El informe jurídico de HRF concluye que la jueza María Lourdes Afiuni fue detenida de manera ilegal el 10 de diciembre de 2009, horas después de haber dictado una medida sustitutiva a la prisión preventiva en el ejercicio legítimo de sus funciones, actuando de conformidad al COPP venezolano y en cumplimiento de una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Debido a que la resolución dictada por la jueza Afiuni otorgaba medidas sustitutivas a la prisión preventiva de un ciudadano a quien el Poder Ejecutivo presumiblemente quería mantener en prisión, el presidente Chávez tildó a Afiuni de “bandida”, instruyó públicamente a la Fiscal General, Luisa Ortega, y a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, a mantenerla “en la cárcel”, y pidió que se la castigue con la “pena máxima: 30 años de prisión”.

Durante su reclusión en el INOF (una cárcel sólo para mujeres), la jueza Afiuni sufrió amenazas de muerte, intentos de asesinato y acoso por otras internas, circunstancias que se agravaron por la falta de un sistema de separación de internas condenadas y no condenadas. Asimismo, en el tiempo que estuvo detenida, la jueza Afiuni padeció diversas complicaciones de salud que no fueron atendidas con la debida diligencia por las autoridades venezolanas. Desde el 2 de febrero de 2011, la jueza Afiuni se encuentra bajo arresto domiciliario y, recientemente, su abogado defensor denunció públicamente que esta había sido víctima de una violación sexual mientras se encontraba presa en el INOF.

“Según el derecho internacional, la violación de una persona detenida constituye una forma de tortura. Los Estados tienen la obligación de investigar diligentemente todas las denuncias de violación, y de procesar judicialmente y sancionar a quienes resulten responsables”, dijo Javier El-Hage, director jurídico internacional de HRF. “En lugar de ello, las autoridades venezolanas reaccionaron de manera despectiva y agresiva tildando a la jueza de mentirosa, amenazando de iniciarle un juicio por calumnias e incumpliendo su obligación de investigar diligentemente sus alegaciones”, dijo El-Hage.

El informe de HRF también concluye que con estas acciones, el Estado de Venezuela violó diversas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos. En particular, Venezuela violó (1) el derecho a la libertad personal de Afiuni; (2) su derecho al debido proceso legal; (3) el derecho a recibir un trato digno de toda persona privada de libertad, que incluye el derecho a la salud y atención médica, así como la obligación de separación de las personas condenadas de las personas procesadas; (4) la obligación de investigar diligentemente, procesar y sancionar a los culpables de la presunta violación sufrida por la jueza Afiuni; y (5) la garantía de estabilidad e inamovilidad de jueces y magistrados.

El 10 de mayo de 1978, Venezuela ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, el 10 de septiembre de 2012, el gobierno de Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de evadir la jurisdicción de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El caso de María Lourdes Afiuni es el octavo que HRF ha documentado a través de su proyecto Caracas Nine (www.CaracasNine.com), el cual tiene como finalidad dar a conocer al mundo los casos de personas que son víctimas de acoso, persecución judicial o encarcelamiento por expresar opiniones críticas o ejercer sus derechos humanos contra la voluntad del gobierno venezolano.

HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial. HRF centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión y de asociación con personas de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener, asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura, y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. El trabajo de HRF se funda en el principio de la no violencia. El Consejo Internacional de HRF está presidido por el activista por la democracia ruso Garry Kasparov y se encuentra conformado por individuos que fueron prisioneros de conciencia, tales como George Ayittey, Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Václav Havel [fallecido], Mutabar Tadjibaeva, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel y Harry Wu.


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