English
Human Rights Foundation: Protecting Human Rights in the Americas


Venezuela: HRF pide a la ONU investigar confesiones de un exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia y publica informe sobre sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo 

Ginebra (27 de septiembre de 2012)—Human Rights Foundation (HRF) envió unasolicitud de carta de denuncia a la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (Relatora Especial de la ONU), pidiéndole que “investigue las gravísimas confesiones y acusaciones” del exmagistrado del Tribunal Supremo de Venezuela, Eladio Aponte, quien en una reciente declaración jurada en Costa Rica afirmó haber estado involucrado en varios hechos concretos de manipulación de justicia por parte del poder ejecutivo, en contra de opositores en Venezuela.

La solicitud de HRF está acompañada de un informe jurídico que analiza los sucesos más relevantes y más recientes en relación al “grave estado de sumisión del poder judicial al poder ejecutivo de ese país”.

“La credibilidad y probidad profesional del exmagistrado Aponte son prácticamente nulas debido a sus propias confesiones sobre su desempeño en la judicatura. Es obvio que se trata de una persona capaz de todo, de un oportunista, de un sinvergüenza”, dijo Thor Halvorssen, presidente de HRF. “Sin embargo, dado que Aponte es un militar retirado que fue puesto en el 2004 en el máximo tribunal a pedido del propio presidente Hugo Chávez, y dado el carácter puntual y detallado con el que ha confesado e involucrado a varios miembros del gobierno, la fiscalía y el poder judicial, sus declaraciones deben ser investigadas y tomadas con mucha seriedad por organizaciones internacionales que velan por la democracia”, prosiguió Halvorssen. “Este individuo ha redactado las sentencias del máximo tribunal de Venezuela por casi una década, y ha jugado un rol importantísimo en la consolidación del autoritarismo del presidente Chávez.”

El informe jurídico de HRF documenta el proceso de cooptación que sufrió el Poder Judicial en Venezuela, que consistió en (1) la implementación desde 1999 de un mecanismo de designación y destitución arbitraria de jueces, que violaba las garantías de estabilidad e inamovilidad de los jueces, y (2) la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004 y el subsiguiente copamiento del Tribunal Supremo de Justicia con magistrados afines al partido oficialista. Esta situación ha llevado incluso a declaraciones del presidente Hugo Chávez y de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela profesando que el poder judicial debe estar sometido al poder ejecutivo.

El 25 de marzo de 2007, el presidente Chávez afirmó en un acto público que “ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni ningún juez puede estar y actuar a espaldas de la revolución y del líder de la misma”. En el año 2009, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Luisa Estella Morales, expresó: “no podemos seguir pensando en una división de poderes, porque eso es un principio que debilita al Estado.” En el 2011, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Fernando Ramón Vegas Torrealba, afirmó que el poder judicial venezolano estaba en el deber de “dar su aporte para la eficaz ejecución […] de la política de Estado” consistente en desarrollar “una acción deliberada y planificada para conducir un socialismo bolivariano y democrático”. En el mismo acto, el magistrado afirmó que “este Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales de la República, deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano”.

“Para coronar estas declaraciones de sumisión a un poder ejecutivo omnipotente, este funesto Tribunal Supremo ha llegado a ‘solicitar’ al poder ejecutivo que denuncie la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se retire del sistema interamericano de protección de los derechos humanos; algo que el gobierno finalmente ‘obedeció’ el mes pasado”, dijo Halvorssen. “Es en este contexto de clara indefensión en el que se encuentran los ciudadanos venezolanos, que las declaraciones del exmagistrado Aponte deben ser tomadas con mucha seriedad. Confiamos en que la Relatora Especial de la ONU tomará cartas en el asunto”, concluyó Halvorssen.

La solicitud de carta de denuncia de HRF a la Relatora Especial de la ONU le solicita específicamente que: (1) investigue las gravísimas confesiones y acusaciones realizadas por el exmagistrado venezolano Eladio Aponte; (2) remita una carta de denuncia al Estado de Venezuela, para que este dé una respuesta oficial y exhaustiva a cada una de estas sindicaciones; (3) formule recomendaciones sobre las medidas que el Estado venezolano debe tomar para remediar el estado de sumisión del poder judicial al poder ejecutivo que existe en ese país.

El informe jurídico de HRF documenta algunas de las confesiones y acusaciones más graves realizadas por el exmagistrado Aponte, vinculadas a la pérdida de la independencia del poder judicial en Venezuela y al grave estado de sumisión de éste al poder ejecutivo. Por ejemplo: “la realización de reuniones periódicas entre las cabezas de los poderes del Estado, con la finalidad de “direccionar” la justicia; las llamadas personales del presidente Chávez a miembros del Tribunal Supremo de Justicia para decidir el resultado de casos; las llamadas de la Fiscal General y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia a distintos tribunales penales para manipular casos de la justicia venezolana; la remoción de jueces por no ejecutar los favores solicitados por altos funcionarios gubernamentales, incluyendo la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; la existencia de un grupo de tráfico de influencias denominado “los enanos”, conformado por fiscales y jueces leales al gobierno; y la existencia de varios “presos políticos”, como los “comisarios” y la jueza María Lourdes Afiuni, quienes hoy continúan encarcelados no por haber cometido crímenes, sino por órdenes del ejecutivo venezolano.

HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial. HRF centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión y de asociación con personas de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener, asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura, y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. El trabajo de HRF se funda en el principio de la no violencia. El Consejo Internacional de HRF está presidido por el activista por la democracia ruso Garry Kasparov y se encuentra conformado por individuos que fueron prisioneros de conciencia, tales como George Ayittey, Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Václav Havel [fallecido], Mutabar Tadjibaeva, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel y Harry Wu.

Contacto: Pedro Pizano, Human Rights Foundation, (212) 246.8486, pedro@thehrf.org


  • Lea la solicitud de carta de denuncia que HRF envió a la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU aquí.
  • Lea el informe jurídico que HRF envió a la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU aquí.


Human Rights Foundation
350 Fifth Avenue, #4515
New York, NY 10118
Teléfono: (212) 246-8486
Fax: (212) 643-4278 info@thehrf.org
www.thehrf.org