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Venezuela: HRF deplora demanda multimillonaria presentada por Diosdado Cabello contra medios independientes

NUEVA YORK (18 de agosto de 2015) – Human Rights Foundation (HRF) condena enérgicamente la demanda por “daños morales” presentada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, en contra de los medios independientes La Patilla, El Nacional y Tal Cual. En el caso del medio digital La Patilla —único en haber sido notificado oficialmente con la demanda— Cabello exige 365 millones de dólares como reparación. La multimillonaria demanda del presidente de la Asamblea Nacional se basa en la reproducción que hicieran los tres medios de un artículo publicado por el diario español ABC en enero pasado, según el cual el exjefe de seguridad de Cabello lo habría denunciado en Estados Unidos por ser el líder de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas.

“El régimen autoritario de Venezuela es ahora célebre por romper el infame récord de haber promovido la mayor demanda por difamación —365 millones de dólares— a cargo de un alto funcionario público en el mundo, un récord que antes pertenecía al presidente Rafael Correa quien demandó al diario El Universo por 80 millones de dólares por un artículo de opinión”, dijo el presidente de HRF, Thor Halvorssen. “Una vez más, la tiranía venezolana deja claro que lo que queda de prensa independiente tiene solo tres opciones en el país: la extinción, el exilio o la quiebra”, dijo Halvorssen.

El 27 de enero de 2015, el diario español ABC publicó una investigación periodística sobre el exjefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez y hasta hace poco jefe de seguridad de Diosdado Cabello, Leamsy Salazar. El artículo indica que Salazar escapó de Venezuela con destino a Estados Unidos y que estaría proveyendo información a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York con relación al tráfico de narcóticos a cargo de un grupo criminal compuesto por generales del ejército venezolano. Según la misma nota, el supuesto cartel —denominado “Cartel de los Soles”— estaría liderado por Cabello y otros altos funcionarios del gobierno de Maduro.

El 23 de abril pasado, Diosdado Cabello presentó una querella en contra de veintidós personas por el delito de difamación, establecido en el artículo 442 del Código Penal Venezolano. Entre los acusados se encuentran el periodista Miguel Otero, presidente y editor del diario El Nacional; Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual; y Alberto Federico Ravell, director del diario digital La Patilla. La querella también incluyó a los “dueños, directivos, consejo editorial y accionistas” de los tres medios que reprodujeron la nota del diario ABC. Cabello anunció la semana pasada que, sumado a la acusación penal, había presentado una demanda civil por “daños morales” en contra de los mismos medios digitales. De acuerdo a la información publicada en La Patilla, la demanda asciende a mil millones de bolívares fuertes, suma que, después de abonadas las costas y gastos procesales, llegaría a los 365 millones de dólares (tomando como referencia el tipo de cambio oficial).

“En el caso de El Nacional, en particular, que hoy es víctima del gobierno autoritario, la arremetida de Diosdado Cabello contiene un grado de ironía porque colaboradores del periódico en su momento pasaron a formar parte del gabinete ministerial de Hugo Chávez y porque, incluso hoy, la esposa de Otero presta servicios de relaciones públicas a contratistas del gobierno notorios por censurar escándalos de corrupción que involucran al mismísimo Cabello”, agregó Halvorssen.

“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Estado venezolano, prohíbe criminalizar la reproducción de información proveída por terceros, así como la imposición de sanciones civiles desproporcionales que tenga un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión”, dijo Javier El-Hage, director jurídico de HRF. “El delito de ‘difamación’ de funcionarios públicos, cada vez menos frecuente en los códigos latinoamericanos, es un tipo penal amplio e impreciso que permite criminalizar y reprimir casi cualquier tipo de investigación periodística direccionada a fiscalizar a funcionarios públicos. La acusación penal y la exorbitante demanda civil incoadas por el presidente de la Asamblea Nacional son hechos internacionalmente ilícitos, por lo que los cargos contra ellos deberían ser desestimados y ambas demandas declaradas sin lugar”, dijo El-Hage.

HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial, con énfasis en sociedades cerradas. HRF centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión y de asociación con personas de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener, asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura, y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. El trabajo de HRF se funda en el principio de la no violencia. El Consejo Internacional de HRF está presidido por el activista por la democracia ruso Garry Kasparov y se encuentra conformado por prestigiosos activistas de derechos humanos, tales como George Ayittey, Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Václav Havel [fallecido], Mutabar Tadjibaeva, Elie Wiesel y Harry Wu.

Contacto: Jamie Hancock, (212) 246-8486, jamie@hrf.org



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