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Venezuela: HRF pide sobreseimiento y deplora los ocho días de arresto que sufrió abogado de María Lourdes Afiuni

Nueva York (19 de junio de 2012) – Human Rights Foundation (HRF) pidió hoy el sobreseimiento del abogado de la jueza María Lourdes Afiuni, José Amalio Graterol, quien enfrenta un proceso penal por el delito de “obstrucción a la justicia”. Graterol fue detenido por órdenes de un juez mientras ejercía la defensa de uno de sus clientes, y permaneció arrestado durante ocho días, durante los cuales le fueron incautados dos teléfonos celulares y le fue impedido acompañar a la jueza Afiuni en sus presentaciones periódicas ante su tribunal.

“Ocho días en prisión para un abogado defensor que se negó a incurrir en una ilegalidad es una decisión judicial arbitraria y claramente desproporcional. Además, la incautación de sus teléfonos celulares es un gravísimo abuso que pone en peligro la defensa de la jueza Afiuni y decenas de otros defendidos”, expresó Thor Halvorssen, presidente de HRF. “Si Graterol no es sobreseído cuanto antes, la jueza Afiuni y muchas otras personas serán privadas de una defensa efectiva dentro de sus propios procesos. Todo apunta a que la persecución judicial de Graterol constituye una represalia por defender a la jueza Afiuni y busca dejarla en estado de indefensión”, concluyó Halvorssen.

El 4 de junio de 2012, el abogado José Amalio Graterol fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional en la sede del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, luego de negarse a participar en una audiencia de juicio donde no se encontraba presente su defendido. En el acto, la policía le incautó sus dos teléfonos celulares. La detención de Graterol fue ordenada por la jueza Yalitza Domínguez, del Tribunal Cuarto de Juicio. El Código Orgánico Procesal Penal venezolano establece que un imputado tiene derecho a “no ser juzgado en ausencia” (Art. 125) y que “el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces y de las partes” (Art. 332).

El 12 de junio, luego de reiteradas suspensiones y ocho días después de su aprehensión, Graterol fue imputado por el delito de “obstrucción a la justicia” y excarcelado bajo libertad condicional. Las medidas cautelares sustitutivas a la detención dictadas contra Graterol incluyen: 1) la presentación periódica ante el tribunal cada quince días; 2) la prohibición de salir del país sin autorización judicial; 3) caución económica, mediante fianza de dos personas idóneas con un salario mensual de aproximadamente 4,000 dólares; y 4) la prohibición de declarar a los medios de comunicación nacionales o internacionales. Asimismo, el tribunal concedió el pedido de la fiscalía de investigar todas las fotos, videos, contactos y flujo de llamadas de los dos teléfonos celulares del abogado Graterol.

“El artículo 322 del Código Procesal Penal venezolano establece que cuando un abogado se rehúsa a comparecer en una audiencia, como lo hizo Graterol, el juez puede considerar abandonada la defensa y reemplazar al abogado, pero de ninguna manera puede proceder a su arresto, a su procesamiento penal y mucho menos a la incautación de sus teléfonos celulares”, explicó Javier El-Hage, director jurídico de HRF. “El juicio penal contra el abogado Graterol constituye una medida judicial arbitraria y desproporcional, y la incautación de sus teléfonos una injerencia arbitraria y abusiva en su vida privada.

Estas acciones del Estado venezolano violan los artículos 8, 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 9, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,” afirmó El-Hage. José Amalio Graterol es el abogado defensor de la jueza María Lourdes Afiuni, quien ha sido declarada por HRF como prisionera de conciencia del gobierno del presidente Hugo Chávez. En mayo de 2012, HRF publicó un informe de derecho internacional sobre su caso y pidió al gobierno de Venezuela su inmediata liberación. El 10 diciembre de 2009, la jueza Afiuni fue encarcelada horas después de haber dictado una medida cautelar de acuerdo al Código Procesal Penal venezolano y en aplicación de una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. El caso Afiuni es parte de la campaña de HRF denominada “Caracas Nine”.

HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial. HRF centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión y de asociación con personas de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener, asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura, y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. El trabajo de HRF se funda en el principio de la no violencia. El Consejo Internacional de HRF está presidido por el activista por la democracia ruso Garry Kasparov y se encuentra conformado por individuos que fueron prisioneros de conciencia, tales como Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Václav Havel [fallecido], Mutabar Tadjibaeva, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel, y Harry Wu.

Contacto: Pedro Pizano, Human Rights Foundation, (212) 246.8486, , pedro@thehrf.org


  • Lea el resumen del caso de María Lourdes Afiuni aquí.
  • Lea el informe completo aquí.

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