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Venezuela: HRF declara a Leopoldo López prisionero de conciencia y pide su inmediata liberación

NUEVA YORK (20 de febrero de 2014)—Human Rights Foundation (HRF) declaró hoy al líder opositor venezolano Leopoldo López como prisionero de conciencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro. HRF se sumó también a los numerosos pedidos de personalidades y organizaciones internacionales por la liberación inmediata del líder opositor. Leopoldo López fue arrestado el pasado martes en Caracas cuando se encontraba liderando una movilización pacífica hacia el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La madrugada de hoy, un tribunal determinó que López deberá permanecer recluido en la cárcel de Ramo Verde en Los Teques, estado Miranda, mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

“Con el encarcelamiento de López y la brutal represión a la que policía, fuerza armada, y grupos paramilitares están sometiendo a sus seguidores, el Estado venezolano ha perdido cualquier fachada de democracia”, dijo Garry Kasparov, presidente del Consejo Internacional de HRF. “Los seguidores de López son las más de siete millones de personas que votaron por Capriles en abril pasado y que conforman, según los datos del propio consejo electoral chavista, 49.12% de los venezolanos que votan. Maduro debe entender que no puede simplemente borrar a toda la oposición en el parlamento de un plumazo (ley habilitante), y esperar que nadie se queje. Y cuando se quejan, no puede simplemente llamarles fascistas y caerles a tiros. O Maduro libera a López y llama a un diálogo honesto con toda la oposición, o tiene que irse por el bien de todos los venezolanos: los que apoyan el chavismo, y los que no. Venezuela no necesita un verdugo dispuesto a matar a la mitad del país. Necesita un presidente”, concluyó Kasparov.

HRF declaró a Leopoldo López como prisionero de conciencia tras realizar un análisis de los indicios y evidencias presentadas hasta el momento en su contra. HRF determinó que López fue perseguido, arrestado y encarcelado exclusivamente por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión de manera pacífica, y que sus acciones convocando a sus seguidores bajo el lema “la calle es la salida” están protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. En el pasado, HRF ha declarado a la jueza María Lourdes Afiuni y al líder sindical Rubén González como prisioneros de conciencia del gobierno venezolano. 

La madrugada de hoy, la jueza 16 de control de Caracas, Ralenis Tovar Guillén, dictó una medida privativa de libertad en contra del líder de oposición Leopoldo López. Por su parte, el fiscal Franklin Nieves imputó a López por los delitos de “incendio de edificio público” y “daños a la propiedad pública” en carácter de determinación, así como “instigación a delinquir” y “delito de asociación para la delincuencia organizada”, este último previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y que establece una pena de seis a diez años de prisión.

“Tres de los cuatro cargos contra López son absurdos jurídicos, y le ganarían una nota de reprobación a cualquier estudiante de primer año de derecho que los propusiera frente a hechos como los de Venezuela”, dijo Javier El-Hage, director jurídico de HRF. “Si un líder político convoca a sus seguidores a protestar pacíficamente a las calles de su país, tal vez pueda estar cometiendo una infracción por protestar sin el debido permiso o por impedir el paso de vehículos por una calle. Lo que es imposible que cometa es ‘incendio de edificio público’, ‘daños a la propiedad pública’ y ‘delito de asociación para la delincuencia organizada’ porque estos delitos requieren que exista una conducta criminal, la intención de causar un resultado criminal, y relación causal entre la acción criminal intencional y el resultado. En primer lugar, no existe siquiera indicios de que López haya incendiado ni destruido la propiedad pública. Y en segundo lugar, Voluntad Popular y la Mesa de la Unidad son agrupaciones políticas creadas para competir en un sistema democrático y no bandas de delincuentes que se dedican a vandalizar y quemar edificios públicos”, dijo El-Hage.

De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela el 10 de mayo de 1978, el derecho a la libertad de expresión solamente puede ser restringido en circunstancias excepcionales, como en casos de apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

“El único cargo de los que ha levantado la fiscalía contra López que no le significaría una nota de reprobación a nuestro estudiante de primer año de derecho es el de ‘instigación a delinquir’. Sin embargo, el estudiante perdería el caso por ignorancia ya que en el primer año aún no habría cursado la clase de derecho internacional donde le enseñarían que, para que líderes autoritarios no metan a todos sus oponentes presos arbitrariamente, el derecho internacional de los derechos humanos protege acciones como las de López”, explicó El-Hage.

Según la observación general 34 del Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación a la prohibición de la incitación a la violencia, un Estado parte debe “demostrar en forma concreta e individualizada la naturaleza precisa de la amenaza que representa el discurso incitador y la necesidad y la proporcionalidad de su restricción, en particular estableciendo una conexión directa e inmediata entre la expresión y la amenaza”.

“El hecho de que López haya convocado a millones de personas a salir a las calles venezolanas de manera pacífica para protestar con carteles en contra de la criminalidad callejera, la escasez de productos básicos, la anulación de la mitad opositora del poder legislativo, y para pedir la renuncia del presidente Maduro, no tuvo ninguna conexión directa e inmediata con la amenaza de violencia ni de actos vandálicos”, dijo El-Hage. “Lo que incitó la violencia fue el hecho de que funcionarios gubernamentales como Maduro, Cabello y Jaua, en vez de propiciar un diálogo democrático, se hayan referido a López, Machado, Ledezma y Capriles, que son legítimos representantes de la mitad de la gente en Venezuela, con los epítetos de ‘fascistas’, ‘nazis’, ‘terroristas’ y ‘asesinos’; y lo que la produjo fue el hecho de que la guardia nacional, la fuerza armada y los ‘colectivos’ paramilitares chavistas recibieran a bala a estos manifestantes”, concluyó El-Hage.

HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial, con énfasis en sociedades cerradas. HRF centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión y de asociación con personas de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener, asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura, y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. El trabajo de HRF se funda en el principio de la no violencia. El Consejo Internacional de HRF está presidido por el activista por la democracia ruso Garry Kasparov y se encuentra conformado por prestigiosos activistas de derechos humanos, tales como George Ayittey, Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Václav Havel [fallecido], Mutabar Tadjibaeva, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel y Harry Wu.

Contacto: Jamie Hancock – Human Rights Foundation, (212) 246.8486, jamie@thehrf.org



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