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Venezuela: HRF celebra la suspensión del arresto domiciliario de la jueza María Lourdes Afiuni y pide su absolución

NUEVA YORK (20 de junio de 2013) - Human Rights Foundation (HRF) celebró la resolución judicial que suspende la medida de arresto domiciliario impuesta a la jueza María Lourdes Afiuni y pidió a las autoridades venezolanas emitir sentencia absolutoria a su favor. Recientemente, HRF publicó un detallado informe de derecho internacional sobre el caso de la jueza Afiuni, que concluye que el Estado de Venezuela violó los artículos 9, 10, 12, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Celebramos la suspensión del arresto domiciliario de la jueza Afiuni. Sin embargo, condenamos que la boleta de excarcelación arbitrariamente le prohíba cualquier tipo de declaración a través de las redes sociales. El tribunal impuso una medida que ni el propio Ministerio Público había solicitado”, dijo el presidente de HRF, Thor Halvorssen. “Han transcurrido más de tres años desde el inicio de este proceso; tres años en los cuales la jueza ha soportado múltiples abusos por parte de un poder judicial completamente servil al poder ejecutivo”, concluyó Halvorssen.

El informe jurídico de HRF concluye que la jueza María Lourdes Afiuni fue detenida de manera ilegal el 10 de diciembre de 2009, horas después de haber dictado una medida sustitutiva a la prisión preventiva en el ejercicio legítimo de sus funciones, actuando de conformidad al Código Orgánico Procesal Penal venezolano y en cumplimiento de una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Durante su reclusión en el INOF (una cárcel solo para mujeres), la jueza Afiuni sufrió amenazas de muerte, intentos de asesinato y acoso por otras internas, circunstancias que se agravaron por la falta de un sistema de separación de internas condenadas y no condenadas. Asimismo, en el tiempo que estuvo detenida, la jueza Afiuni padeció diversas complicaciones de salud que no fueron atendidas con la debida diligencia por las autoridades venezolanas. En noviembre de 2012, el abogado de la defensa denunció públicamente que la jueza habría sido víctima de una violación mientras se encontraba recluida. Afiuni se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 2 de febrero de 2011.  

El pasado 14 de junio de 2013, el Tribunal Décimo Séptimo de Primera Instancia Penal del Área Metropolitana de Caracas a cargo del caso resolvió “sustituir la medida de arresto domiciliario por la medida de prohibición de salida del país, ratificando la medida de presentaciones ante la oficina correspondiente cada 15 días, así como la medida de prohibición de dar declaraciones a medios nacionales e internacionales y redes sociales”.

“El Estado de Venezuela es responsable internacionalmente por diversas violaciones a los derechos humanos de la jueza Afiuni”, dijo Javier El-Hage, director jurídico internacional de HRF. “Su caso expone claramente la situación de sumisión del poder judicial venezolano al arbitrio del poder ejecutivo, y el estado de indefensión en que se encuentran las personas en Venezuela frente a los abusos del gobierno”, concluyó El-Hage.

El informe de HRF concluyó que el Estado de Venezuela violó diversas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos. En particular, Venezuela violó (1) el derecho a la libertad personal de Afiuni; (2) su derecho al debido proceso legal; (3) el derecho a recibir un trato digno de toda persona privada de libertad, que incluye el derecho a la salud y atención médica, así como la obligación de separación de las personas condenadas de las personas procesadas; (4) la obligación de investigar diligentemente, procesar y sancionar a los culpables de la presunta violación sufrida por la jueza Afiuni; y (5) la garantía de estabilidad e inamovilidad de jueces y magistrados.

El 10 de mayo de 1978, Venezuela ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, el 10 de septiembre de 2012, el gobierno de Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de evadir la jurisdicción de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El caso de María Lourdes Afiuni es el octavo que HRF ha documentado a través de su proyecto Caracas Nine (www.CaracasNine.com), el cual tiene como finalidad dar a conocer al mundo los casos de personas que son víctimas de acoso, persecución judicial o encarcelamiento por expresar opiniones críticas o ejercer sus derechos humanos contra la voluntad del gobierno venezolano.

HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial. HRF centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión y de asociación con personas de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener, asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura, y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. El trabajo de HRF se funda en el principio de la no violencia. El Consejo Internacional de HRF está presidido por el activista por la democracia ruso Garry Kasparov y se encuentra conformado por individuos que fueron prisioneros de conciencia, tales como George Ayittey, Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Václav Havel [fallecido], Mutabar Tadjibaeva, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel y Harry Wu.

Contacto: Jamie Hancock - Human Rights Foundation, (212)  246.8486, jamie@thehrf.org 

  • Lea el informe jurídico de HRF sobre el caso de la jueza Afiuni aquí.
  • Lea el informe jurídico de HRF sobre la falta de independencia del poder judicial venezolano aquí.


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